UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.
Una de las características de la sociedad contemporánea es el papel central del conocimiento en los procesos productivos, al punto que el calificativo más frecuente que suele dársele es el de sociedad del conocimiento. Asistimos a la emergencia de un nuevo paradigma económico-productivo en el cual el factor más importante no es ya la disponibilidad de capital, mano de obra, materias primas o energía, sino el uso intensivo del conocimiento y la información.
Las economías más avanzadas hoy día se basan en la mayor disponibilidad de conocimiento. Las ventajas comparativas dependen cada vez más del uso competitivo del conocimiento y de las innovaciones tecnológicas. Esta centralidad hace del conocimiento un pilar fundamental de la riqueza y el poder de las naciones pero, a la vez, estimula la tendencia a su consideración como simple mercancía, sujeta a las reglas del mercado y susceptible de apropiación privada’.
En lo que respecta a la Sociedad Ecuatoriana dentro de este marco podemos encontrar el apoyo de la constitución en los siguientes artículos, los cuales respaldan y fortalecen el crecimiento de esta idea. Lo que representaría la formación de los primeros pilares para el cambio y los primeros pasos para la estructuración de una verdadera universidad dentro de la sociedad del conocimiento. Sin embargo encontramos algunas falencias las cuales se podrían corregir en el desarrollo del ejercicio y la aplicación de esta nueva tendencia, mediante reglamentos.
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.
Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural.
Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.
El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.
Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.
Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.
Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados.
Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro.
Una de las características de la sociedad contemporánea es el papel central del conocimiento en los procesos productivos, al punto que el calificativo más frecuente que suele dársele es el de sociedad del conocimiento. Asistimos a la emergencia de un nuevo paradigma económico-productivo en el cual el factor más importante no es ya la disponibilidad de capital, mano de obra, materias primas o energía, sino el uso intensivo del conocimiento y la información.
Las economías más avanzadas hoy día se basan en la mayor disponibilidad de conocimiento. Las ventajas comparativas dependen cada vez más del uso competitivo del conocimiento y de las innovaciones tecnológicas. Esta centralidad hace del conocimiento un pilar fundamental de la riqueza y el poder de las naciones pero, a la vez, estimula la tendencia a su consideración como simple mercancía, sujeta a las reglas del mercado y susceptible de apropiación privada’.
En lo que respecta a la Sociedad Ecuatoriana dentro de este marco podemos encontrar el apoyo de la constitución en los siguientes artículos, los cuales respaldan y fortalecen el crecimiento de esta idea. Lo que representaría la formación de los primeros pilares para el cambio y los primeros pasos para la estructuración de una verdadera universidad dentro de la sociedad del conocimiento. Sin embargo encontramos algunas falencias las cuales se podrían corregir en el desarrollo del ejercicio y la aplicación de esta nueva tendencia, mediante reglamentos.
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.
Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural.
Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.
El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.
Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.
Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.
Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados.
Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro.
Como podemos ver uno de los actores más importantes del acceso a la llamada sociedad del conocimiento son las universidades y, en general, las instituciones de educación superior (IES), tanto públicas como particulares.
Por ello la misión de las universidades fue considerada estratégica para el desarrollo de los países en la reciente Conferencia Regional de la Educación Superior 2008 (CRES) en Cartagena, Colombia, y será seguramente ratificado en el año 2009 en París en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior.
Ciertamente, la respuesta a esta pregunta deberán darla, después de un análisis y discusión, las propias instituciones de educación superior, la empresa privada, el Estado y la sociedad civil, que son los actores que constituyen ese ámbito.
El proyecto de Constitución plantea dentro de las novedades la gratuidad de la educación en el tercer nivel para las universidades públicas.
Esta declaración, que podría ser tildada de populista por algunos, responde ciertamente a las tendencias actuales de la educación superior en el sentido de la necesidad de aumentar la cobertura de las universidades con respecto al número de candidatos. Pero ello requiere dos cosas fundamentalmente: calidad y financiación. Y por supuesto transparencia no solo en el manejo de fondos sino en obtención de resultados.
La gratuidad en el tercer nivel requiere de una adecuada financiación por parte del Estado, que tiene que asumir el costo de muchos de los procesos de autofinanciamiento que las propias universidades públicas comenzaron a implementar años atrás precisamente para mejorar sus instalaciones, laboratorios y bibliotecas y adecuarse a los retos tecnológicos que supone la educación hoy en día.
Pero la cantidad, es decir la ampliación de la cobertura para futuros estudiantes, no puede ir divorciada de la calidad en los procesos, so pena de hacer de los alumnos una muchedumbre de profesionales sin trabajo y de las instituciones una fábrica no solo de desempleados, sino de algo peor todavía: de instituciones que no hacen ningún aporte a los procesos de ciencia y tecnología para el desarrollo que son los que justifican, hoy en día, junto con la docencia, a las universidades a escala mundial.
Por ello la misión de las universidades fue considerada estratégica para el desarrollo de los países en la reciente Conferencia Regional de la Educación Superior 2008 (CRES) en Cartagena, Colombia, y será seguramente ratificado en el año 2009 en París en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior.
Ciertamente, la respuesta a esta pregunta deberán darla, después de un análisis y discusión, las propias instituciones de educación superior, la empresa privada, el Estado y la sociedad civil, que son los actores que constituyen ese ámbito.
El proyecto de Constitución plantea dentro de las novedades la gratuidad de la educación en el tercer nivel para las universidades públicas.
Esta declaración, que podría ser tildada de populista por algunos, responde ciertamente a las tendencias actuales de la educación superior en el sentido de la necesidad de aumentar la cobertura de las universidades con respecto al número de candidatos. Pero ello requiere dos cosas fundamentalmente: calidad y financiación. Y por supuesto transparencia no solo en el manejo de fondos sino en obtención de resultados.
La gratuidad en el tercer nivel requiere de una adecuada financiación por parte del Estado, que tiene que asumir el costo de muchos de los procesos de autofinanciamiento que las propias universidades públicas comenzaron a implementar años atrás precisamente para mejorar sus instalaciones, laboratorios y bibliotecas y adecuarse a los retos tecnológicos que supone la educación hoy en día.
Pero la cantidad, es decir la ampliación de la cobertura para futuros estudiantes, no puede ir divorciada de la calidad en los procesos, so pena de hacer de los alumnos una muchedumbre de profesionales sin trabajo y de las instituciones una fábrica no solo de desempleados, sino de algo peor todavía: de instituciones que no hacen ningún aporte a los procesos de ciencia y tecnología para el desarrollo que son los que justifican, hoy en día, junto con la docencia, a las universidades a escala mundial.
FUENTE:
UNESCO Forum Occasional Paper Series Paper no. 4 / S
Desafíos de la Universidad en la Sociedad del Conocimiento, Cinco Años Después de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior. Pag, 1
Hora GMT: 29/Julio/2008 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito Autor: Por Joaquín Hernández Alvarado
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